La Mesa Eólica Merindades pide la paralización inmediata de la tramitación de centrales eólicas en la provincia de Burgos

Cuarenta colectivos representativos de la provincia de Burgos y otras de fuerte implantación estatal, así como 24 personalidades de gran relevancia científica y profesional se han adherido a la Declaración Eólica Responsable impulsada desde la Mesa Eólica Merindades (MEM), según un comunicado remitido por esta plataforma.

"En su día apostamos por una integración racional de las energías renovables, ajena a un desarrollo abusivo, que antepone planteamientos mercantilistas que han favorecido la corrupción (es de dominio público la llamada 'trama eólica' que está siendo juzgada en Castilla y León) y, lo que es aún peor, la masificación en que han convertido al territorio burgalés en estos 25 años de implantación atropellada de la industria eólica a costa de la biodiversidad", argumentan desde la Mesa.

La plantaforma dice que "vuelve un nuevo tsunami de centrales eólicas a la provincia, con el beneplácito de administraciones que, como la Junta de Castilla y León, facilitan los dividendos de las grandes corporaciones del sector eléctrico y grupos de inversión: las más especulativas y expansivas, eso sí, disfrazadas de verde".

La MEM dice que la provincia de Burgos es "la más castigada en la implantación eólica", ya que "hasta 2019 en Burgos se han instalado cifras que se acercan al 10 por ciento de la potencia instalada en todo el territorio español, una de las mayores cifras mundiales en ratios de superficie territorial. Se han levantado 1.415 aerogeneradores de los 20.940 que hay en España. Se ha construido el 7 por ciento del total de centrales eólicas de todo el país, las cuales representan el 32% (83 centrales) del total instalado en Castilla y León (258 centrales)".

En esa situación, la Mesa afirma que "en una buena parte de la provincia no se podría hacer una fotografía al horizonte sin que apareciesen aerogeneradores. Un Plan Eólico sin vinculación jurídica e impreciso en cuanto a la zonificación establecida abonó el terreno a los promotores. En él, los megawatios contemplados para la provincia eran 695, y una de las opciones desechadas, la denominada 'desarrollista', de 1.190. Pues bien, hasta 2019, no incluyendo las centrales eólicas que ahora mismo se están construyendo y las de 2020 y 2021 en tramitación, se han instalado 1.985,49 MW, lo que incumple sobradamente, no sólo las cifras adjudicadas a Burgos (695 MW), sino también el gran total desestimado (1.275 MW)".

Las consecuencias son "evidentes": "El patrimonio paisajístico y cultural de nuestra provincia ha sufrido una transformación artificial de primer orden. La mortalidad de aves, quirópteros, e indirectamente otra fauna. La ocupación y degradación de hábitats y el efecto barrera han sido enormes. Resulta paradójico el derroche económico de fondos públicos que se destina a salvar de la extinción a distintas especies, para que muchas de ellas acaben muertas o mutiladas en las palas de los aerogeneradores. No hay más ni mejor empleo, no hay formación de mejor calidad, no repuntan las actividades complementarias, no se demandan proveedores locales, tampoco se producen efectos económicos favorables, no existe reinversión de beneficios, no se fomenta el empleo ni la gestión empresarial y apenas se realizan nuevas infraestructuras comunitarias. A lo largo de este tiempo la instalación eólica masiva ha contribuido exponencialmente a la despoblación de estas áreas", aseguran.

Además, afirman que, actualmente, "no existe normativa autonómica específica para regular la actividad eólica, ya que el Plan Eólico no está vigente. La Junta de Castilla y León está obligada por Ley a establecer un nuevo marco regulatorio, incorporando de manera urgente una Evaluación Ambiental Estratégica, tal como lo contempla la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Este vacío legal imposibilita una planificación adecuada de la nueva implantación de la energía en Castilla y León. Motivo más que suficiente para paralizar de manera inmediata la tramitación de nuevos proyectos eólicos en Burgos, que es lo que solicitamos a la Junta de Castilla y León y al Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Declaración Eólica Responsable".

La Mesa Eólica Merindades de Burgos, fundada en el año 2000, es una asociación para la defensa, conocimiento, conservación y estudio de la naturaleza y en especial, de los efectos de las centrales eólicas sobre el medio ambiente. Entre otras actividades y acciones realizadas en el cumplimiento de sus fines, fue la organizadora, en octubre del año 2000, del I Encuentro Estatal para la Defensa del Paisaje ante la Implantación de la Energía Eólica. La Mesa Eólica fue el primer grupo ciudadano en ser recibido por el Senado el 5 de marzo de 2002, inaugurando así la Comisión de Peticiones al Senado, para escuchar, debatir y tener una información de primera mano de los problemas de los ciudadanos, en concreto, los que planteaba la situación de la energía eólica en España ya en aquel momento.

Puedes leer la Declaración Eólica Responsable en este enlace.