El PSOE, satisfecho por el traslado al Tribunal Constitucional del impuesto de la Junta a la Central Nuclear de Garoña

Esther Peña.

El traslado al Tribunal Constitucional del impuesto de la Junta de Castilla y Leóna la central nuclear de Garoña, ubicada en el Valle de Tobalina, ha dado la razón al PSOE. En septiembre del pasado año, al presentar las enmiendas al Proyecto de ley de este gravamen al almacenamiento de residuos nucleares, la formación denunció que lo único que se conseguía, como explica la secretaria provincial del PSOE y diputada nacional, Esther Peña, “era sacarse de la manga un impuesto a la no actividad, algo inédito. Un hecho especialmente grave cuando han dado la espalda a gravar la actividad económica de la planta nuclear, que ha conseguido miles de millones de beneficios cuando estaba operativa”.

Ahora, tal como se acordó en el Consejo de Ministros del pasado viernes, el Estado, “como así es su obligación”, matiza Peña, va a recurrirlo, “con el agravante, además, de que se produjo una reunión, entre Gobierno de la ación y Ejecutivo autonómico, en la que se pretendía llegar a un acuerdo para que no se llegara a la actual situación”. 

En definitiva, "la Junta sólo ha logrado recaudar una cantidad mínima por el escaso tiempo transcurrido desde que entró en vigor el impuesto, casi a finales de 2018, y que tendrá que devolver y con intereses a la propietaria de la planta. Una cantidad que además dista, y mucho, de los 10 millones que se contemplaban en los presupuestos autonómicos de 2018, cuantía que estaba previsto que se repitiera en los de 2019", argumenta el PSOE en un comunicado.

Por todo ello, a juicio de Peña, “a la Junta no le queda más remedio que invertir esa cantidad, los 10 millones comprometidos, que debería detraer de su propio presupuesto”. 

En cuanto a la crítica del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que tras conocerse la noticia arremetió contra el Gobierno central,  Esther Peña le recuerda que Ciudadanos votó en contra de este proyecto de Ley. “Qué triste que su nueva posición le haga mentir con tal de no tener que criticar esta situación rocambolesca creada en el pasado por su formación ahora aliada, el PP; es lamentable”, denuncia. 

En relación con los mencionados reproches de Igea, quien dijo que el Gobierno está defendiendo los intereses de Nuclenor, Peña respondió que lo único que hace el Ejecutivo central es “cumplir la legalidad”. “No descarto que Igea ya no sea capaz de distinguir el límite entre lo legal e ilegal o lo ético y lo mezquino, pero el PSOE sí lo tiene claro”, remarca y le aconseja que “aunque el escenario en el que se encuentra le imponga defender lo indefendible, intente hacer el ridículo lo menos posible”.