La PICP denuncia "la usurpación" de bienes públicos en el Valle de Manzanedo

El sábado pasado, más de 150 personas participaron en una marcha revindicativa en el Valle de Manzanedo para denunciar el cierre de las vías publícas en esta zona de Las Merindades y, en concreto, la "usurpación por un terrateniente" de los pueblos de Fuente Humorera y Rioseco, que permanecen vallados.

Diversas organizaciones y activistas integrantes de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) se han reunieron durante el fin de semana en Soncillo (Valle de Valdebezana) para denunciar el cierre de los caminos públicos en toda España.

La PICP ha elegido este año la comarca de Las Merindades para celebrar sus XI Jornadas debido "a la ocupación por parte de un terrateniente de los pueblos de Fuente Humorera y Rioseco, que niega el acceso a los caminos públicos, la iglesia y cementerio de estas pedanías en el Valle de Manzanedo".

Por ello, el domingo se llevó a cabo una marcha revindicativa en la que participaron más de 150 personas activistas de las asociaciones contra el cierre caminos públicos, llegadas de todos los puntos de España. Durante la protesta se recorrieron algunos de los caminos cerrados.

Escoltados por la Guardia Civil, las personas activistas que participaron en la marcha "pudieron acceder, ese día, a la zona y comprobar como los dos pueblos están vallados y el cementerio y dos Iglesias (bienes públicos) han sido ocupados por el terrateniente". 

Una de las asistentes a la marcha, nacida en uno de esos municipios, relató "como fue amenazada en una ocasión por los guardas de seguridad que custodian ahora la finca ubicada en Fuente Humorera y le impidieron el paso para visitar la tumba de sus abuelos".

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos denuncia estos hechos y pone de manifiesto que no son cierres puntuales en Burgos. "El cierre de los caminos se repite en todo el país". La PICP está integrada por 17 asociaciones de afectados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Euskadi, entre otras comunidades. 

Este año los organizadores del encuentro celebrado en Soncillo han sido los miembros de la asociación Herri Bideak Kate, Barik Elkartea, (Caminos Libres, Cadenas Fuera) afectados en el País Vasco por el mismo problema.

Estas jornadas contaron con técnicos para la elaboración de inventarios de caminos públicos en los Ayuntamientos, alcaldes de municipios de Las Merindades, abogados de Ecologistas en Acción, representantes del gobierno autonómico de Baleares, donde se está ya tramitanto la primera ley de caminos públicos del Estado español, y representantes del Parlamento de Andalucía, donde se acaba de aprobar también una normativa sobre senderos públicos en esta comunidad. Los y las portavoces de las asociaciones en defensa de los caminos expusieron la problemática de sus territorios, donde el acceso a la naturaleza se está convirtiendo en un problema.

Las asociaciones contra el cierre de caminos públicos denuncian también "la falta de actuación de los ayuntamientos y comunidades autónomas, incluso la complicidad con los grandes propietarios en estas prácticas ilegales". La PICP solicita a los ayuntamientos la realización de inventarios y ordenanzas de los caminos públicos y actuar de oficio, de forma inmediata cuando un particular cierra el paso a un camino. Además, se pide la clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias en cada Comunidad Autónoma "para evitar su usurpación". La PICP recuerda que la ley municipal y el reglamento de bienes de dominio público, en su Artículo 5, señala que "los caminos públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles".

"El mundo rural se enfrenta a una ocupación sin precedentes de los caminos públicos, vías pecuarias, sendas, montes comunales, etc., por parte de grandes propietarios privados, nuevos ricos, terratenientes y banqueros que usurpan un patrimonio natural y cultural de todos. El objetivo de estos terratenientes es crear grandes cotos de caza y grandes extensiones terrenos que se vallan y cierran al acceso público en contra de lo que la propia Constitución española dice, en su Artículo 45. Todo esto ante la falta de actuación de las administraciones públicas. Por ello, desde la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos se pide a las administraciones y al Gobierno actuar para proteger nuestros caminos y garantizar el disfrute de la naturaleza, el paisaje y bienes culturales y su acceso público para toda la ciudadanía", afirman desde el colectivo.